Con un despliegue de más de 1500 efectivos policiales y un fuerte aparato mediático, el gobierno de Jorge Macri lanzó un megaoperativo simultáneo en villas y barrios populares de la Ciudad que terminó dejando al descubierto una estrategia cada vez más repetida: show de seguridad, saturación policial y escasos resultados concretos.
El operativo, bautizado “Tormenta Negra”, comenzó el jueves a las 19 horas y se extendió de manera simultánea sobre 15 barrios populares porteños. Según informó el Ejecutivo, hasta las 21 horas se habían producido apenas 20 detenciones vinculadas a pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos robados.
La desproporción entre el despliegue y los resultados volvió a generar cuestionamientos sobre el uso político de la inseguridad por parte del gobierno porteño. Mientras miles de efectivos recorrían barrios vulnerables con controles masivos, la administración de Jorge Macri intentó presentar el operativo como una demostración de autoridad y control territorial.
La intervención incluyó controles de tránsito y de personas, remoción de ranchadas, secuestro de autos abandonados e inspecciones en locales de venta de celulares. Para organizaciones sociales y vecinos, el operativo tuvo un fuerte componente de estigmatización sobre los sectores más pobres de la Ciudad, especialmente en un contexto donde crecen la crisis económica, la indigencia y la falta de políticas sociales.
El despliegue alcanzó a los barrios 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Villa 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.
Lejos de hablar de urbanización, educación, empleo o inclusión, el mensaje oficial volvió a girar exclusivamente alrededor de la lógica represiva. “No vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo”, declaró Jorge Macri, en un discurso que distintos sectores criticaron por simplificar una problemática estructural y reducirla únicamente a una cuestión policial.
Las críticas también apuntan a la utilización propagandística del operativo. Mientras la Ciudad enfrenta problemas crecientes de personas en situación de calle, robos en zonas comerciales y deterioro urbano, el gobierno eligió concentrar cámaras y recursos en barrios históricamente postergados, reforzando un relato de “mano dura” que busca impacto político y mediático más que soluciones profundas.
Para referentes sociales, el megaoperativo expone además una contradicción central: después de más de 15 años de gestión del mismo espacio político en la Ciudad, el PRO continúa presentando la inseguridad y el narcotráfico como si fueran fenómenos ajenos a su propia administración.
