La polémica por la construcción del megatemplo mormón en pleno centro porteño sigue escalando. Mientras crecen las críticas por el impacto que podría generar sobre el histórico convento e iglesia de Santa Catalina, desde el gobierno de la Ciudad aseguran que el proyecto todavía no cuenta con una aprobación definitiva.
El conflicto se desató luego de que el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionara públicamente el emprendimiento y advirtiera sobre el riesgo que implicaría para una de las construcciones religiosas más antiguas de la Capital Federal.
A fines de 2025, una dependencia porteña autorizó el cambio de uso del terreno ubicado en avenida Córdoba al 400, donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días —conocidos popularmente como mormones— proyecta levantar un imponente edificio religioso. El predio, adquirido en 2023 por unos 20 millones de dólares, ocupa más de media manzana y originalmente no estaba habilitado para actividades de culto.
La gestión para obtener esa excepción estuvo a cargo del estudio Bodas-Miani-Anger (BMA), reconocido por haber impulsado numerosas modificaciones urbanísticas durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta y por mantener vínculos fluidos con sectores del actual gobierno porteño.
Sin embargo, la autorización quedó envuelta en una batalla judicial. La asociación civil Basta de Demoler logró inicialmente frenar la iniciativa mediante un amparo, aunque luego la Cámara porteña revocó esa medida y permitió que el expediente continuara avanzando. Durante el proceso, desde el Ejecutivo local señalaron que los planos definitivos del proyecto todavía no habían sido presentados oficialmente.
La controversia aumentó cuando trascendieron los renders del futuro templo: una estructura de estilo Art Déco de aproximadamente 36 metros de altura, prevista frente al histórico complejo religioso de Santa Catalina, fundado en 1745. Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó públicamente su rechazo al diseño, al considerar que “arruina” el entorno patrimonial.
Las objeciones no son solamente estéticas. Especialistas advierten que la obra excedería las alturas permitidas por el Código Urbanístico para esa zona: sobre Córdoba el límite es de 25 metros y sobre Viamonte apenas 16.
El principal foco de preocupación, sin embargo, es estructural. Tanto la iglesia como el convento de Santa Catalina fueron construidos en adobe y carecen de cimientos modernos. Días atrás, el sacerdote Gustavo Antico decidió cerrar preventivamente el templo luego de detectar nuevas rajaduras que, según denunció, aparecieron tras el inicio de las obras de peatonalización de la calle Viamonte impulsadas por el gobierno porteño.
Desde el Ministerio de Espacio Público rechazaron esas acusaciones y aseguraron que el estado previo del edificio fue documentado ante escribano público, sosteniendo que las grietas ya existían antes del inicio de los trabajos.
Tras celebrar una misa en Santa Catalina, García Cuerva volvió a advertir sobre el peligro potencial del emprendimiento. “Si una peatonalización produjo este nivel de rajaduras, no quiero imaginar lo que podría generar una excavación de gran magnitud en la misma manzana”, expresó.
El proyecto contempla además un estacionamiento subterráneo de cuatro niveles, una intervención que requeriría excavaciones profundas y que, según los opositores, podría comprometer seriamente la estabilidad del conjunto histórico.
En paralelo, dentro del propio gobierno porteño intentan bajar el tono y relativizan el avance de la iniciativa. “Todavía tenemos que analizar el proyecto después del fallo judicial. No hay nada definido”, señalaron fuentes oficiales consultadas sobre el estado actual del expediente.
La definición final aún parece lejana. La organización Basta de Demoler prepara ahora una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia con el objetivo de bloquear definitivamente la obra. Entre sus argumentos sostienen que, por tratarse de un emprendimiento superior a los 10 mil metros cuadrados, el proyecto debió haber sido tratado previamente en la Legislatura porteña.
