El Gobierno dejó en claro que no va a subir impuestos ni a ampliar la base de Ganancias, pese a los pedidos del FMI. La postura es firme: la reforma fiscal vendrá, pero para bajar la carga tributaria, no para aumentarla. Y en el medio, el escándalo Adorni le pone ruido a una semana que el oficialismo preferiría contar solo por los números.
Hay momentos en que un gobierno tiene que elegir entre escuchar a los técnicos del Fondo Monetario Internacional o escuchar a los vecinos que llegan a fin de mes justo. Esta semana, la Casa Rosada eligió a los vecinos.
El Gobierno confirmó que no tiene previsto aceptar las recomendaciones del FMI vinculadas al impuesto a las Ganancias y al Monotributo, por lo que ambos regímenes se mantendrán sin modificaciones.  La señal es clara y viene desde arriba: “No está en la ideología del presidente Javier Milei subir impuestos, al contrario, nos dedicamos a bajarlos. No lo vamos a hacer” , respondió una fuente de diálogo fluido con el mandatario.
¿Qué quería el Fondo? Nada menos que volver a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores. El organismo pide volver al criterio de 2019, cuando al menos el 20% de los empleados formales pagaba Ganancias. Hoy ese universo se redujo a poco más de un millón de personas, y la reforma implicaría que 2,3 millones de trabajadores vuelvan a tributar.  En criollo: que millones de asalariados que hoy no pagan empiecen a pagar.
El FMI califica al sistema tributario argentino como “complejo, distorsivo e inestable” y plantea la necesidad de una reforma estructural.  Nadie discute ese diagnóstico. El problema es la receta: más presión sobre el trabajador formal y sobre el pequeño comerciante inscripto en Monotributo, a cambio de la promesa de eliminar impuestos distorsivos que ya llevan décadas de promesas de eliminación.
El organismo estimó que una reestructuración fiscal integral podría derivar en un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del PBI, con la mitad de ese monto dirigido a las provincias.  El número suena atractivo sobre el papel. Pero el Gobierno tiene buenas razones para desconfiar del camino que propone el Fondo para llegar ahí.
En Balcarce 50 lo explican con la lógica del día a día: hay mucha gente que cuando llega al límite del Monotributo prefiere dejar de facturar, porque sabe que si continúa pasa a ser responsable inscripto y “te matan con las cargas”.  Endurecer los requisitos no resuelve ese problema, lo agrava. El comerciante que hoy factura en negro para no dar el salto no va a formalizarse por decreto; simplemente va a seguir en gris.
Sobre el Monotributo, la postura oficial es igualmente firme. El techo de facturación para la categoría más alta está en unos 8 millones de pesos mensuales, y desde el Gobierno consideran que esa es “una buena cifra”.  No hay margen político ni ideológico para aumentar esa presión.
El fondo de la cuestión es este: el FMI le pide a la Argentina que suba impuestos a trabajadores y pequeños emprendedores para poder bajar retenciones al campo y eliminar el impuesto al cheque. Es un juego de suma cero donde siempre alguien pierde. El Gobierno optó por no jugar ese juego, al menos por ahora. Luis Caputo ya anticipó que recién dentro de tres años, y solo si la actividad crece entre 6% y 8% anual, se podrían eliminar todos los impuestos distorsivos.  Primero el crecimiento, después la reforma. El orden importa.
La semana, sin embargo, no se termina ahí para el Gobierno. El escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue generando ruido. El contratista que trabajó en la remodelación de la casa de la esposa de Adorni declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que la obra costó 245.000 dólares, pagados en efectivo, e incluyó la instalación de un jacuzzi y una pileta con cascada.  Adorni ya fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que investiga sus viajes al exterior y propiedades que no figurarían en su declaración jurada. 
Desde el oficialismo defienden los mecanismos de transparencia y aclaran que los plazos para las declaraciones juradas están vigentes. La Oficina Anticorrupción extendió el plazo hasta el 31 de julio para la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a todo el 2025.  La presentación de Adorni, la más esperada, todavía no llegó. Es el ruido de fondo que acompaña a una semana donde el Gobierno preferiría que solo se hablara de impuestos y de su pulseada con el Fondo.
