El agua y las cloacas del AMBA están a punto de cambiar de manos. El Gobierno nacional avanzó con la concesión del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que da agua potable y cloacas en la Ciudad y buena parte del conurbano, y dejó la disputa entre dos grupos empresarios: Rowing S.A. y Roggio ROAS S.A.U.
La operación le permitiría al Estado recaudar alrededor de US$500 millones, que forman parte del programa financiero que el Ministerio de Economía presentó hace tres meses. Tras aprobar las ofertas técnicas de ambos grupos, la apertura de los sobres con las propuestas económicas quedó fijada para el jueves 8 de octubre a las 10, en el Palacio de Hacienda.
Quiénes pujan
Rowing S.A. reúne a Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; a Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y a PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Del otro lado está el Grupo Roggio, con Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Roggio ya opera Aguas Cordobesas en Córdoba.
El caso de Filiberti merece una mirada aparte. Su empresa Transclor ya le vende a AySA insumos químicos para potabilizar el agua, como derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio. Además, participa en Edenor, que tiene a AySA entre sus grandes clientes por el consumo eléctrico de plantas y estaciones de bombeo. Si su consorcio gana, el proveedor pasaría a ser también parte del operador. Cómo se controlarán las compras a empresas vinculadas es, por ahora, una pregunta sin respuesta.
Las metas y la cuenta que queda
Según los pliegos, la concesionaria deberá invertir más de US$2.000 millones entre 2027 y 2031 en expansión, mantenimiento y mejora de redes. Para 2031, las metas fijan una cobertura de 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas. Traducido: aun cumpliendo, uno de cada cuatro habitantes del área de concesión seguiría sin red de agua y más de un tercio sin cloacas.
La concesión durará 30 años, prorrogables, y al final deberá alcanzar al menos 90% de cobertura de agua y 75% de cloacas. La licitación es de etapa múltiple y sin precio base, y se apoya en la Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, junto con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos 695/2024 y 494/2025.
La tarifa, en paralelo
Mientras se define el comprador, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre sobre la propuesta de AySA de actualizar el régimen tarifario. Para los usuarios sin medidor, la empresa plantea pasar de 11 coeficientes zonales, que hoy van de 1,10 a 3,50, a cinco niveles de entre 0,75 y 2,75.
El orden de los factores no es menor: la nueva tarifa influirá directamente en la ecuación financiera de quien se quede con la empresa. El Estado vende, el privado compra con reglas tarifarias nuevas y el usuario, como siempre, se entera por la factura.
