La Justicia nacional funciona con 266 cargos vacantes, y el cuello de botella no está en un solo lugar. De ese total, 159 siguen en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y 30 esperan en el Senado. A eso se suman 75 concursos en trámite en el Consejo, que pueden cubrir una o más vacantes cada uno.
Traducido: 107 lugares ya superaron el filtro del Consejo y están en manos del poder político, entre la Casa Rosada y la Cámara alta. La demora no es solo burocracia judicial.
Sobre ese panorama trabajó Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, que elaboró un informe con cuatro propuestas para acelerar y transparentar el sistema.
1. Concursos anticipados y menos discrecionalidad
El foco principal está en la selección de magistrados. Santiago sostiene que las demoras y la falta de transparencia de parte de los concursos traban el funcionamiento del Poder Judicial, y rescata el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos que la Corte Suprema aprobó por la Acordada 4/2026 y envió al Consejo de la Magistratura.
La iniciativa permite abrir concursos antes de que exista la vacante, suma un legajo digital y auditable y limita el peso de la entrevista personal a 20 puntos sobre 200, es decir, el 10% del puntaje. También fija reglas objetivas para armar ternas y listas complementarias, y un análisis técnico en dos etapas que garantiza el anonimato de los postulantes. “Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, afirma el abogado.
2. Medir si las reformas aceleran los juicios
En los últimos años se aprobaron numerosas reformas procesales, nacionales y provinciales, con la promesa de juicios más rápidos. Santiago propone comprobarlo: comparar cuánto duraban los procesos antes y después de los cambios, y usar esa evidencia para decidir qué reglas mantener o extender. Menos debate normativo y más resultados.
3. Evaluar a los jueces una vez designados
El sistema argentino tiene mecanismos para seleccionar, designar, disciplinar y remover magistrados, pero no uno de evaluación periódica del desempeño. El especialista señala que juzgados con personal, infraestructura y reglas similares muestran resultados distintos en eficiencia y calidad de gestión, y que medir esas diferencias permitiría detectar buenas prácticas. Propone que los jueces rindan cuentas ante sus superiores, los abogados y la sociedad.
4. La oportunidad en el Consejo
La última propuesta apunta a las prácticas y al liderazgo dentro de la Justicia, y ubica una oportunidad inmediata: la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, que según Santiago servirá para debatir funcionamiento, transparencia y eficiencia.
Las reformas pueden ordenar el primer tramo del proceso. Pero mientras 77 vacantes esperen en el Ejecutivo y 30 en el Senado, una parte de las vacantes seguirá dependiendo de la voluntad política.
