La administración Trump instruyó discretamente a fiscales federales en Miami para que eviten avanzar en investigaciones penales contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, según revelaron funcionarios actuales y exfuncionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos. La medida es interpretada como la señal más reciente del acercamiento entre la Casa Blanca y el gobierno venezolano.
No está claro si los fiscales habían vinculado a Rodríguez con algún delito concreto o si las investigaciones apuntaban hacia una acusación formal. Ante la consulta, un portavoz del Departamento de Justicia respondió que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”. 
Sin embargo, la agencia Associated Press obtuvo documentos de la DEA que contradicen esa versión. Los registros muestran que Rodríguez ha estado en la mira de las autoridades federales al menos desde 2018, con acusaciones que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro, e incluso se la ha vinculado con Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. 
En 2022, la DEA llegó a catalogarla como “objetivo prioritario”, una designación que la agencia reserva para sospechosos considerados con un “impacto significativo” en el comercio de drogas.  Un informante confidencial declaró ante agentes en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la Isla Margarita como fachadas para el lavado de dinero. 
Según fuentes, la instrucción de pausar el escrutinio sobre Rodríguez tenía como objetivo no obstaculizar los esfuerzos del gobierno estadounidense por estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Uno de los exfuncionarios resumió la situación con una frase contundente: “A todos se les ha dicho que se detengan”. 
La política del Departamento de Justicia exige que el fiscal general apruebe personalmente la imputación de cualquier jefe de Estado extranjero, quienes gozan habitualmente de inmunidad bajo el derecho internacional y la legislación estadounidense. 
El nombre de Rodríguez también habría surgido en reuniones de investigadores en Tampa, a quienes la exfiscal general Pam Bondi encargó el año pasado investigar delitos financieros en Venezuela, cuando Rodríguez aún se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro. 
Ni Rodríguez, ni su representante legal en Estados Unidos, ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios.
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