El plan de La Libertad Avanza: controlar el tablero
La interpelación que el Gobierno logró evitar —por la reticencia de los gobernadores a exponerse ante la Casa Rosada— funcionó como señal de alerta. Según el oficialismo, la respuesta fue táctica: inundar el Congreso con proyectos, activar aliados territoriales y fijar una sesión en el Senado para el 4 de junio como forma de marcar orden político.
El objetivo, aclaran, no es aprobar todo a la vez, sino administrar la agenda y sostener el control del debate mientras se prepara el escenario posterior.
Balcarce 50 traza la hoja de ruta legislativa
La mesa política del martes en Balcarce 50 —con Santiago Caputo y Martín Menem volviendo a verse tras las tensiones internas— se concentró en el status legislativo de las reformas enviadas al Congreso. Allí se definió la ruta de las próximas semanas:
- Súper RIGI
- Ley de lobby
- Derogación del etiquetado frontal
- Ley de ludopatía
- Pliegos judiciales
- Acuerdo con los holdouts por el default de 2001
En el plan oficial, la sesión del Senado aparece como un mensaje político: no sólo legislativo, sino de coordinación y capacidad de empuje.
El Mundial como horizonte de la estrategia
La lógica del Gobierno no es parlamentaria “en sentido estricto”: es temporal. En La Libertad Avanza reconocen abiertamente que no existe apuro por llevar cada iniciativa al recinto hasta tener los números asegurados. La meta es otra: mantener la agenda pública cargada con propuestas propias hasta el comienzo del Mundial, cuando —coinciden oficialismo y oposición— la atención social tenderá a desplazarse de la política.
En ese marco, el paquete legislativo actúa como escudo y señal. Entre las apuestas se destacan el Súper RIGI (para inversiones de más de US$ 1.000 millones en industrias del futuro), la ley de lobby con registración pública y sanciones, la reforma del etiquetado frontal y la nueva normativa sobre ludopatía para regular las apuestas online con un criterio menos estricto que el aprobado en Diputados a fines de 2024.
Además, el oficialismo señala que la distribución de comisiones no es casual: busca que los proyectos pasen por instancias con conducción libertaria o cercana, para manejar tiempos y reducir sobresaltos.
Los gobernadores como sostén clave
Detrás de cada avance legislativo hay negociación territorial. La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras y depende de una red de alianzas que combina al PRO, sectores de la UCR y, principalmente, bloques provinciales con eje en gobernadores dialoguistas del Norte.
En Balcarce 50 se mencionan entendimientos puntuales con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis). La idea, sostienen, es extender esa lógica a otros distritos.
Pero la negociación tiene una segunda capa: el armado electoral de cara a 2027. El Ejecutivo busca consolidar acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno al año electoral.
Los límites del esquema: reforma electoral y Código Penal
Ese entramado también marca fronteras. La reforma electoral —con eliminación de las PASO, cambios en el sistema de votación y en el financiamiento partidario— es identificada por la propia Casa Rosada como la discusión más compleja: PRO y sectores de la UCR rechazan suprimir las primarias y el Gobierno reconoce que no tiene votos para aprobarla sin concesiones.
La reforma del Código Penal, por su parte, sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias entre equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques, y no tiene por ahora fecha en ninguna agenda.
Hasta septiembre: el Presupuesto 2027 como límite
La estrategia tiene un tope institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027. Hasta entonces, el plan es sostener alianzas, mostrar movimiento y evitar derrotas. En síntesis: aprobar en la medida de lo posible.
