El gobierno porteño de Jorge Macri, con el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza y parte del PRO, impulsa en la Legislatura porteña un proyecto que permitiría blanquear construcciones fuera de norma de hasta 5.000 metros cuadrados, la superficie equivalente a un edificio de diez pisos. La iniciativa, que ya generó alarma entre diputados opositores y organizaciones barriales, llega en un momento en que la resistencia vecinal a la construcción indiscriminada de torres crece en toda la Ciudad.
“Esto no es la tía que se hizo un cuarto en la terraza. Apunta a los grandes desarrolladores que no respetaron la ley. Para hacer un blanqueo cada cuatro años mejor eliminemos el Código”, rechazó Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica. 
El mecanismo propuesto establece que quienes quieran legalizar sus construcciones irregulares deberán abonar los derechos de construcción correspondientes más un recargo que va del 250% para superficies menores a 100 metros cuadrados hasta el 700% para aquellas que superen los 2.000. En la práctica, para los grandes desarrolladores que edificaron durante años al margen del Código Urbanístico, ese costo es un trámite menor comparado con las ganancias obtenidas. El proyecto llegaría a la Legislatura con pocas chances de convertirse en ley: por ahora solo contaría con el apoyo de los legisladores libertarios y parte del oficialismo. 
La propuesta tiene un trasfondo que no puede ignorarse: durante años, el Gobierno de la Ciudad habilitó obras, miró para otro lado ante irregularidades y modificó el Código Urbanístico en favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Ahora, en lugar de reforzar los controles y sancionar a quienes violaron las normas, propone premiarlos con una regularización express.
El caso del barrio Naón, en Mataderos, es uno de los más ilustrativos de este patrón. Delimitado por General Paz, Emilio Castro, Cañada de Gómez y Juan B. Alberdi, Naón es una zona residencial definida por sus calles anchas, espacios verdes y manzanas pobladas con casas y chalets de uno o dos pisos, como ya quedan pocos en Buenos Aires. Hoy esa singularidad está en peligro.  Lejos de atender los reclamos de los vecinos, las empresas constructoras continúan avanzando con edificaciones que en su mayoría no respetan las normativas vigentes, mientras los funcionarios porteños optan por mirar para otro lado. 
La Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, realizó una recorrida por el barrio donde escuchó los reclamos de vecinos que se oponen a la construcción de una torre de 48 metros en una zona residencial de casas bajas. La obra en cuestión, ubicada en Ercilla 7653, corresponde a un proyecto de más de quince pisos sobre el que pesa un amparo judicial que objeta, entre otros puntos, las características urbanísticas del emprendimiento, la falta de una evaluación de impacto ambiental y la ausencia de una audiencia pública vecinal. 
El reclamo de Naón es colectivo, legítimo y sostenido en el tiempo: está respaldado por más de 3.000 firmas y por un barrio entero que defiende su identidad, su escala urbana y su calidad de vida.  Las demandas son concretas: volver a la altura de casas bajas, preservar el carácter residencial del barrio, proteger plazas y espacios verdes, y exigir participación vecinal en cada trámite urbanístico. “No estamos en contra del desarrollo urbano, sino de aquellos emprendimientos que atentan contra el perfil residencial, barrial y la calidad de vida de los habitantes”, explicó Claudia Ferreyra, una de las vecinas organizadas del barrio. 
La historia de Naón no es nueva ni aislada. Los vecinos ya habían logrado frenar la construcción de torres en el predio de Vialidad Nacional en 2017. Pero en 2025, a través del Decreto 461 y con el cierre definitivo de Vialidad Nacional, el gobierno nacional no solo dejó sin trabajo a más de mil personas sino que dejó el camino libre para los negocios inmobiliarios que benefician a unos pocos. 
En ese contexto, el proyecto de blanqueo que hoy impulsan La Libertad Avanza y el PRO en la Legislatura no es una excepción ni una sorpresa: es la continuidad de una política que privilegia a los grandes desarrolladores por sobre los derechos de los vecinos. Mientras los porteños organizan asambleas, juntan firmas y presentan amparos para defender sus barrios, el Gobierno porteño les responde con una ley que legaliza retroactivamente lo que nunca debió construirse.
