La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. El camino a la Corte Suprema quedó cerrado por mayoría, y el Tribunal Oral Federal 2 tiene vía libre para avanzar en la ejecución patrimonial.
La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el camino a la Corte Suprema para Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena en la causa Vialidad. 
La resolución fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El decomiso abarca un total de 111 bienes —incluidas propiedades de la exmandataria, de sus hijos y del empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente— por un monto actualizado de $684.990.350.139,86. 
Por mayoría, la Sala IV declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de todos los imputados y terceros involucrados, al considerar que los planteos “no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido”.  El único que votó de manera parcialmente diferente fue el juez Borinsky, quien en minoría se pronunció a favor de conceder los recursos extraordinarios respecto de determinados bienes de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas de Báez. 
El argumento central de la defensa giró en torno al origen de los bienes afectados. Los abogados de la expresidenta y sus hijos argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada. Las defensas invocaron la buena fe de los adquirentes y sostuvieron que no existe nexo directo con el origen ilícito de los fondos. 
El tribunal rechazó esa línea argumental. Los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.  Asimismo, el tribunal desestimó los reclamos sobre el origen hereditario de los bienes, argumentando que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si estos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”. 
El tribunal sostuvo además que las defensas no lograron demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema, y que sus planteos se limitaron a una simple discrepancia con lo resuelto anteriormente, sin demostrar arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales. 
El caso queda en condiciones de ser llevado en queja ante la Corte Suprema, aunque ese proceso no tiene efecto suspensivo: la ejecución de los bienes seguirá adelante mientras se resuelve esa eventual apelación. 
El decomiso es parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta a la exmandataria, que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.  En el caso de Máximo y Florencia Kirchner, están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión. 
Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.  La resolución de este jueves despeja el panorama procesal y abre la etapa de ejecución efectiva del patrimonio comprometido.
