El nuevo proyecto impulsado por el gobierno de Jorge Macri para blanquear construcciones fuera de norma volvió a encender la alarma entre vecinos, urbanistas y organizaciones barriales que desde hace años denuncian el avance descontrolado de torres y desarrollos inmobiliarios sobre distintos barrios de la Ciudad.
La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura porteña, permitiría regularizar edificaciones ilegales de hasta 5000 metros cuadrados, una superficie equivalente a un edificio de aproximadamente diez pisos. Para muchos sectores, el proyecto representa directamente un premio para desarrolladores que construyeron violando el Código Urbanístico y ahora podrían legalizar esas irregularidades pagando multas económicas.
La polémica se agrava porque no se trata de un hecho aislado. En 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura ya había aprobado un blanqueo similar. Ahora, apenas cuatro años después, el macrismo vuelve a impulsar prácticamente la misma herramienta, reforzando la sensación de que las excepciones y flexibilizaciones urbanísticas se transformaron en una política permanente de la Ciudad.
Desde distintos sectores advierten que este tipo de medidas vacían de sentido al propio Código Urbanístico. “Si cada pocos años se perdonan las construcciones ilegales, entonces la norma deja de existir”, cuestionaron legisladores opositores y organizaciones vecinales.
Uno de los focos más sensibles del conflicto vuelve a aparecer en barrios residenciales donde los vecinos denuncian desde hace tiempo el avance indiscriminado de torres, la saturación de servicios y la pérdida de identidad barrial. Entre ellos aparece con fuerza el caso de los vecinos del Barrio Naón, que vienen protagonizando reclamos permanentes contra modificaciones urbanísticas que permiten edificaciones cada vez más agresivas sobre zonas históricamente bajas y residenciales.
Los habitantes de esa zona denuncian que el crecimiento descontrolado de desarrollos inmobiliarios ya genera problemas de tránsito, colapso de servicios, pérdida de espacios verdes, presión sobre la infraestructura y un deterioro acelerado de la calidad de vida. También cuestionan la falta de participación vecinal en decisiones urbanísticas que transforman completamente el perfil de los barrios.
La nueva propuesta oficial profundiza además las sospechas sobre la relación entre política y grandes desarrolladores inmobiliarios. Para muchos críticos, el gobierno porteño continúa priorizando negocios inmobiliarios por encima de la planificación urbana y las necesidades reales de los vecinos.
El proyecto establece que quienes quieran legalizar metros construidos ilegalmente deberán pagar derechos de construcción junto a recargos económicos que van desde el 250% hasta el 700%, según la magnitud de la infracción. Sin embargo, para numerosos sectores esto termina funcionando simplemente como un “costo de negocio” para empresas constructoras que saben que eventualmente la Ciudad terminará habilitando lo que originalmente estaba prohibido.
Las dudas políticas también atraviesan la Legislatura. Aunque el oficialismo buscará apoyarse en sectores libertarios para avanzar con la iniciativa, varios legisladores ya expresaron fuertes reparos por el alcance de la medida y por el mensaje político que implica volver a flexibilizar normas urbanísticas.
Mientras tanto, el malestar vecinal sigue creciendo en distintos barrios porteños donde cada nueva torre es vista como otro paso hacia una Ciudad más congestionada, más desigual y cada vez menos planificada.
